Crónica de un Yasunicidio

Es una historia en tres partes: la lucha de la comunidad kichwa de Llanchama, en el corazón del Parque Nacional Yasuní; la acción de Petroamazonas frente a las comunidades en los campos petroleros y las zancadillas puestas a la consulta de YASunidos.

Una batalla se libra en el corazón del Yasuní. No tiene que ver con el rechazo de las firmas del Consejo Nacional Electoral a los Yasunidos, ni con las zancadillas que este colectivo juvenil y ecologista ha denunciado por parte de la autoridad electoral para hacer caer la consulta.

Esa batalla la libra Holmer Machoa Grefa y sus hermanos kichwas de la comunidad de Llanchama: Juan Machoa Otavalo, Agustín Coquinche Huatatoca, Isabel Alvarado Grefa, Brígida Córdova Condo, Henry Coquinche Alvarado, Nereida Grefa Siquigua, Ronaldo Sandiego Salazar, Neli Machoa Grefa, Alexandra Tapuy Notero, Irma Yuge Siquichoa, Juan Coquinche Alvarado, Gilberto Machoa Coquinche… Holmer porque es uno de los más activos denunciantes de las tareas que hace el Estado ecuatoriano en su comunidad.

Llanchama tiene 27 000 hectáreas de territorio ancestral y está desperdigada entre los campos petroleros 31 y 43, asignados a Petroamazonas, en el Parque Nacional Yasuní. Las 65 familias socias se reparten entre la población de Llanchama, Nuevo Rocafuerte y las riberas del río Napo. Durante dos décadas han tenido estatus legal de Comuna, pero eso cambió en aras de la explotación petrolera.

Según cuentan los dirigentes, el 22 de febrero del 2014 se dio una reunión en la comunidad entre los representantes de algunas familias y funcionarios de este gobierno. Hubo delegados de: Petroamazonas, Secretaría de Hidrocarburos, el teniente político de Tiputini, el delegado de la Gobernación de Orellana, de la Subsecretaría de Gestión Política y un abogado del Ministerio de Inclusión Social. Este último funcionario había dicho en esa reunión que “la empresa le pidió que vaya a la comunidad para que seamos Centro” porque no se podía hacer convenios ni recibir dinero ni actuar si seguían siendo comuna. Entonces el funcionario habría pedido que quienes quieran ser Centro levanten la mano y lo propio quienes quería seguir siendo comunca. “Esto viola el procedimiento consuetudinario ancestral pues las decisiones se toman en consenso y están encabezadas por el Presidente de la Comuna, no por un funcionario del Estado”. Así se formó un Centro Kichwa Llanchama y se dividió a la comunidad.

Tras la “constitución” del Centro, la estatal Petroamazonas entregó un cheque por USD 230 000 al presidente del organismo, de cuyo uso los firmantes de una carta pública dicen no haber recibido información. El pago lo atribuyeron a una indemnización o pago para que una empresa de sísmica 3D empezara a trabajar en el territorio de la comuna, lo cual los socios no habían autorizado.

Pobladores de la comunidad registraron la presencia de los militares.

Antes de ello, el 1 de febrero, se había convocado a una reunión de la comuna con algunos funcionarios públicos, “que llegaron acompañados de unos 20 militares del Batallón Montecristi armados con fusiles automáticos HK, revólveres y en esa reunión se hizo conocer a la comuna que se firmará un preacuerdo”.

Se pidió una votación, con los militares ahí 35 votaron a favor y 22 en contra. El Presidente de la comuna, Wilson Grefa terminó firmando el preacuerdo con Petroamazonas para permitir a esta empresa la realización de los trabajos de Sísmica 3D en terrenos de la comunidad. Por compensación, el Estado se comprometió a pagar 20 dólares por cada una de las 11 500 hectáreas. El pago era el 50% al inicio de los trabajos y el resto cuando se concluyera el registro y retiro de los materiales. Por los posibles impactos socioambientales Petroamazonas también impuso el pago de 20 dólares por hectárea. Pero esa “compensación”, no sería en efectivo sino en infraestructura educativa, social o deportiva de acuerdo a las necesidades de la población.A cambio, “la comunidad de Llanchama declara expresamente que ha sido debidamente informada por PAM EP, a través de reuniones de socialización del proyecto y del respectivo proceso de consulta y participación del Estudio de Impacto Ambiental, acerca de los impactos o posibles impactos que causarán o podrán causar las actividades hidrocarburíferas vinculadas al desarrollo del proyecto que realizará PAM en sus predios”. Y en la cláusula final del acuerdo “la Comunidad autoriza a PAM EP, a sus contratistas y subcontratistas, el uso y ocupación inmediata del área indemnizada para el desarrollo del proyecto y facilitará el ingreso del personal, equipos, materiales y demás instrumentos; y se compromete a no impedir, paralizar y/o obstaculizar el desarrollo del proyecto y sus actividades”.

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Publicado el 14 mayo, 2014 en Amazonía, Ecuador, Medioambiente, Sumak Kawsay y etiquetado en , , , , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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